martes, 27 de diciembre de 2011

La Ley antiterrorista en la vision de Eduardo Gruner


Una reflexión personal sobre la ley “(anti)terrorista.

Eduardo Grüner

1. Cuando ocurrió el conflicto con “el campo”, en el 2008, una de las consecuencias “íntimas” o “cotidianas” que más lugar ocupó en los comentarios registraba la división (ideológica, política, y aún “actitudinal”) en el interior de las familias, los grupos de amigos, los compañeros de trabajo, los colegas de la facultad, los vecinos, incluso las parejas. Los que hasta entonces estaban afectivamente cercanos se alejaban, y aún se enemistaban. En las reuniones familiares o los cumpleaños se evitaba prudentemente el tema, hasta que alguien no aguantaba más; entonces bastaba el más tímido o alusivo de los enunciados, para que estallara la bronca contenida de uno u otro lado, y ahí “se pudría todo”. Se comparaba ese estallido de las redes que hasta allí parecían indiscutibles con lo que había sucedido durante el primer peronismo, o incluso durante la guerra civil española: una manifiesta exageración, sin duda. Pero exagerada o no, era una interesante micro-sociología a lo Erving Goffman, o algo así. ¿Pasará lo mismo ahora? ¿Soportarán nuestros amigos, colegas, vecinos, etcétera, que les digamos que lo que veníamos percibiendo como “giros a la derecha” aparecen condensados en este verdadero volantazo que ya deja cerca de cero resquicio a la duda? ¿Valdrá la pena, aún así, la discusión? Miguel Briante (alguien a quien siempre recuerdo con enorme cariño) solía decir –creo que citando a Chesterton- que “por un buen chiste, vale la pena perder un amigo”. Pero, claro, esto no es un chiste, ni bueno ni malo. Y, pensándolo bien, tampoco es en nada comparable a lo del 2008. Porque aquello –que algunos pensábamos que era una “interna” de la burguesía- de todas maneras parecía ser en contra de lo que se ha dado en llamar (no por primera vez en la historia) el gobierno nacional y popular. Esto no. Esto viene del gobierno nacional y popular.
2. El gobierno nacional y popular tiene ahora, para empezar, y entre muchos otros, un problema “semántico”: ¿puede ser “nacional” un gobierno que resigna su soberanía nada menos que para dictar leyes, sometiéndose a las presiones de un organismo económico internacional como el GAFI, comandado a control remoto por el Imperio? ¿puede ser “popular” un gobierno que propone leyes “antiterroristas” que, en manos de jueces conservadores o simplemente desaprensivos, podría castigar con severas penas de cárcel a unos obreros que ocupen una fábrica, unos campesinos que protesten por la contaminación de la minería a cielo abierto, unos maestros que instalen “carpas blancas” demandando aumento de salarios? ¿se puede seguir diciendo que un gobierno que hace eso no “criminaliza” o no “judicializa” la protesta social? La réplica de que la ley introduce una cláusula explícitamente aclaratoria de que ella no está hecha para eso no resiste el menor análisis, y además insulta nuestra inteligencia: si hay que aclarar eso ¿para qué se incluyó la duda en primer lugar? Si la ley está hecha únicamente para los delitos económicos de las grandes empresas concentradas, o lo que fuere, ¿por qué no se dijo eso clara, directa e inequívocamente desde el principio? La respuesta no puede ser más que una: unas cosas hacen pasar las otras. A los representantes “populares” que la han votado –y cuya obsecuencia ha sido realmente vergonzosa, precisamente porque son representantes “populares”- se les sirvió en bandeja una coartada , bajo el argumento de que la ley contiene también cláusulas presuntamente “progresistas”. Para colmo, se la hace pasar en voz baja, poco menos que “traspapelada” entre otras leyes dizque asimismo “progresistas” (el estatuto del peón rural, papel prensa). Mientras tanto, por supuesto, en las cláusulas “puramente” económicas se siguen evitando cuidadosamente medidas realmente progresivas –que no es lo mismo que “progresistas”-, como sería una serie de profundas reformas financieras, fiscales e impositivas (¡no digamos, Dios mío, una reforma agraria, ya que de “ruralidades” hablamos!) que podrían hacerse perfectamente sin “patear” ningún tablero ni flamear banderas rojas, o siquiera rosaditas desteñidas; ¿cómo se explica que –en una situación de infinita mayor debilidad que la actual- el gobierno, como no deja de refregársenos por la cara constantemente, pudo bajar el retrato de Videla, rechazar el ALCA o reestatizar las AFJP, y después del 54 % se produce este grandioso retroceso ? ¿O será que no es ningún “retroceso”, sino la tan mentada profundización del “modelo” (que profundiza, por ejemplo, la ya bastante siniestra ley antiterrorista del 2007)? Lo de los “representantes populares” no es ninguna broma: hay entre ellos –y ellas- antiguos luchadores por los que, más allá de diferencias políticas, podíamos guardar algún respeto. Ya no. Ver a esas personas (con alguna de las cuales varias veces hemos tomado café, o cenado, o conversado, o discutido) votando afirmativamente esta barbarie, eso es de por sí “terrorífico”. Este es, como se dice, un punto sin retorno. Qué lástima. Para mí, digo, no sé si para ellos.
3. Pero los problemas “semánticos” continúan. Usar una palabra como “terrorismo” en un país con la historia reciente de la Argentina, ¡hay que atreverse! Quizá haya sido finalmente eso (entre muchas otras cosas, se entiende) lo que ha decidido a personas con posición política tan inequívoca como Horacio Verbitsky, Mempo Giardinelli o el juez Zaffaroni , a manifestar su enérgica oposición a la ley. Ni qué hablar, como era dable esperarse, de todos los organismos de DDHH (con la excepción, hasta ahora, de Hebe). La enorme ironía –habría que decir, más bien, sarcasmo – es que este gobierno, que se precia con razón de haber impulsado tantos juicios por crímenes de lesa humanidad, sólo había empleado el término “terrorismo” para hablar del… terrorismo de Estado . Habría mucho que decir sobre esta verdadera perversión lingüística que viene a sumarse a la legal, invirtiendo el uso de palabras “sagradas”: hasta ahora, los “terroristas” eran ellos (Videla y Cía.), ahora podemos serlo también nosotros , casi cualquiera. Sobre todo cuando –como han insistido todos los que se oponen a la ley, incluidos los simpatizantes del gobierno- el contenido semántico de la palabra es por lo menos “difuso”. Y esa “difusión”, esa indeterminación, esa “incerteza”, es el fundamento verdadero del Terror. En alguna parte, Hanna Arendt habla de la diferencia entre los campos de concentración nazis y los franceses de Vichy. En los primeros, es sabido, se cosía una estrella amarilla en el uniforme a los judíos. Eso servía para fracturar la solidaridad: los otros prisioneros –gitanos, comunistas, opositores políticos, lo que fuera- sabían que los de la estrella estaban peor que ellos, si eso era posible (y lo era). Los franceses, en cambio –siempre tan cartesianos y atentos al valor de los signos- cosían en el uniforme de sus prisioneros muchas diferentes imágenes arbitrarias sin sentido preciso. Ya no se trataba entonces de la fractura, sino del estallido de la solidaridad: cualquiera podía estar peor que yo, o yo peor que cualquiera. Así funciona el Terror: cuando no se sabe exactamente cuándo nos va a tocar, y por qué. Así funcionó durante la dictadura de esos que, hasta antes de ayer, eran los terroristas (estatales). Pero ahora no estamos en dictadura. No es un gobierno nazi. Es el gobierno “nacional”, “popular”, “democrático” y “progresista” de los Derechos Humanos. Nos lo van a tener que explicar. Muy despacio y con mucha claridad.
4. Nos van a tener que explicar, muy despacio y con mucha claridad, pero ahora , e imperiosamente, cómo es que esto era necesario ahora . Cómo es que era necesario, con la fuerza del 54 % de los votos, someterse sin discusión al mandato de ese Imperio siniestro que –los que votaron a altas horas de la noche, casi en la clandestinidad, rapidito para no “hacer olas”, no ignoran esto; al contrario, lo han denunciado muchas veces, y eso hace más insoportable lo que hacen ahora-, ese Imperio siniestro, decíamos, usó y sigue usando la palabra “terrorismo” para justificar verdaderos genocidios como los cometidos en Afganistán o en Irak, y antes en Vietnam, en Nicaragua, en Chile, en la Argentina. Nos lo van a tener que explicar muy cuidadosamente a todos los ciudadanos argentinos, pero muy particularmente, en este caso, a los que en su momento, equivocados o no (y ahora, lamentablemente, sabemos que sí), salimos a defenderlos contra la soberbia “destituyente” del “campo”, y sin ahorrarnos nuestras críticas ni identificarnos irreflexivamente con un gobierno al que no habíamos votado, del cual sabíamos desde siempre cuáles eran sus límites y sus posibilidades, sin embargo privilegiamos la necesidad de posicionarnos contra lo que considerábamos “lo peor”. Pero, sobre todo, se lo van a tener que explicar muy claramente a los que desde el principio confiaron , y trabajaron arduamente para llevarlos al poder, para transformarlos en sus representantes. A todos esos jóvenes honestos de la “nueva militancia” con los que se llenan la boca. A los obreros, los piqueteros, los miembros de los movimientos barriales, los pobres, los “tercerizados”, que a veces pusieron el cuerpo por ellos , y que si ahora cortan una calle podrán ser considerados “terroristas”. Y no sabemos si no correrán algún riesgo los miles que fueron espontáneamente al velorio de Néstor o a los festejos del Bicentenario, cortando muchas calles. Y no es que el terrorismo no exista, no somos ingenuos: es algo de lo que siempre estuvimos enfáticamente en contra, porque considerábamos que ninguna vanguardia iluminada que ejerciera la violencia indiscriminada, con el riesgo tantas veces realizado de masacrar inocentes, iba a “liberar” a ningún “pueblo”. Que esa era una tarea del propio pueblo, de las masas trabajadoras organizadas y en conjunto. Que “sólo el pueblo salvará al pueblo” (una antigua consigna peronista ¿la recuerdan?). Todo esto lo sabíamos. Pero ya no lo sabemos más. Porque ya no sabemos qué quiere decir “terrorista”. Esos votos nos han quitado hasta el lenguaje . Y, como advertía Freud: se empieza por ceder en las palabras, y se termina entregando todo . Nos lo van a tener que explicar.
5. Que se nos entienda bien. Esas “explicaciones” no se las estamos exigiendo al gobierno . Eso sí que sería una flor de ingenuidad. No. Se las estamos exigiendo a nuestros “representantes” (porque son nuestros aunque no los hayamos votado ni nos sintamos “representados” por ellos), muy sobre todo a aquellas ex militantes de la “patria socialista” y aquellos ex comunistas, que tienen compañeros desaparecidos, asesinados, torturados, secuestrados, arrojados de los aviones… por “terroristas”. Ellos ya no están en condiciones de pedir explicaciones. ¿O sí? ¿No se las deben, por lo menos, a su memoria , que tanto les gusta honrar en los actos oficiales, como en ese acto oficial en que honraron a las Madres de Plaza de Mayo media hora antes de entrar al recinto del Congreso de la Nación (aunque ahora nos preguntamos de cuál) a votar este mamarracho –así lo llamó Zaffaroni, pero se olvidó de agregar:- monstruoso ? A ellos se las estamos exigiendo, e incluso por su propio bien. ¿O necesitamos una vez más caer en el ya cansado sentido común de recordarles el viejo poema de Brecht (“Primero vinieron…”)? ¿No se dan cuenta del potencial instrumento que acaban de poner en manos de este o de cualquier gobierno futuro, y del que no pueden garantizar que se les vuelva en contra a ellos mismos? Porque podrán decirnos –aunque quién sabe con qué argumentos, a esta altura- que este gobierno no va a usar “mal” ese instrumento. Pero entonces, ¿para qué lo quieren? ¿Para el próximo, que podría ser, por ejemplo, Macri? Y si están confiados en que el próximo va a ser del mismo signo que este, que “no reprime”, entonces ¿para qué? ¿Nos toman por idiotas? A ellos se las estamos exigiendo, las explicaciones. Se las estamos pidiendo, también, a los intelectuales progresistas que saben recitar a Benjamin, por ejemplo aquello de que “si el enemigo sigue ganando, ni los muertos van a estar a salvo”. Y que ahora se están dando cuenta –suponemos- de que no, no están, los muertos, a salvo. No están a salvo, ya, aquellos desaparecidos, etcétera. No están a salvo los muertos del 19 / 20 de diciembre del 2001 que –porque el círculo de perversiones no parece tener fin- fueron conmemorados “oficialmente” el mismo día que se votaba esto. No están a salvo Kostecki y Santillán, ni Julio López, ni Luciano Arruga, ni “los Ferreyra” (Mariano y Cristian), ni los qom , ni los del Indoamericano, ni los campesinos jujeños del Ingenio Ledesma. Tampoco están a salvo esos queridos, llorados, amigos y maestros que podrían habernos ayudado a encontrar esas explicaciones: León Rozitchner, David Viñas, Nicolás Casullo, tantos otros. Todos, pero para este caso especial León, para quien el Terror era justamente uno de sus temas que más le desgarraban el pensamiento. Muertos, están, todos ellos; pero no a salvo de que –porque la ley no tiene efecto retroactivo, pero el lenguaje sí- ahora sean todos ellos 

Carta abierta. Hay censura y disciplinamiento en el CONICET


Los científicos y los medios Hay censura y disciplinamiento en el CONICET.

A partir de la nota firmada por el Vicepresidente del Asuntos Científicos del CONICET Dr. Faustino Siñeriz, recibida el 2 de diciembre del 2011, una preocupación se instala por su significado y las posibles implicancias (ver la nota adjunta en pdf).
Por lo cual, y antes de accionar según conveniencia, con el objeto de tener una mejor comprensión de la inusitada comunicación acerca del "concepto rector", definido respecto de la comunicación de los investigadores con los medios, es imperioso que el autor intelectual y el nivel de decisión donde se originó explique los alcances con ejemplos prácticos de lo que se considera "opinión o declaración institucional", y cuales son las restricciones especificas para la interacción con los medios de comunicación. Por ejemplo, si significa que en el marco de una opinión el investigador estará restringido de firmar con su filiaciones académicas
Se debería entonces hacernos saber bajo qué disposición constitucional se enmarcan las restricciones anunciadas. Así como quien juzgara el no cumplimiento de las mismas y las consecuencias si no fueran acatadas. En el convencimiento que toda restricción de la palabra es repudiable y que ligar la opinión a la tenencia o no de personería jurídica, no es aceptable en el marco democrático.  
No queda claro si la restricción incluye opiniones sobre: a) el funcionamiento institucional, b) los procesos de evaluación, c) los ordenes de méritos, d) la política de distribución de becas, e) el cuestionamiento a dictámenes de evaluación que siguen siendo tensados por opiniones ideológicas f) opinión acerca temas específicos o de impacto social que desafíen la “visión oficial”. De hecho, no hace mucho tiempo, hubo un acto de censura -en la Feria del Libro- decidido por el directorio del CONICET sobre la divulgación pública de investigaciones sobre efectos de agroquímicos debido a lo “controversia del planteo y a la sensibilidad oficial acerca del tema tratado”
La nota se hace abstracta ya que la opinión de ningún investigador no representa la opinión del CONICET. Solo se expresan como miembros pertenecientes a la institución, sin involucrarla,.
En consecuencia se espera que el CONICET se abstenga, porque no le compete, de tener "opinión institucional" exclusiva sobre aspectos de la política del sector y sobre las opiniones de sus investigadores sean científicas o políticas. Convendría que se concentrara en la calidad y transparencia de la gestión, donde todavía hay mucho para hacer. Además sería sabio, por parte de la conducción institucional, no funcionar como un instrumento comisionado para dirimir discusiones ideológicas o interpretativas sobre temas “sensibles” de acuerdo a conveniencias, oportunidades o alineamientos.
Hay algo aún más preocupante. Al asociar el derecho a opinar con personería jurídica, instala la idea de la construcción de un "sentido oficial de la ciencia" inaceptable en un ámbito académico. Por otra parte que una institución de evaluación y promoción científica como el CONICET se reserve el derecho a opinar sobre temas determinados es un despropósito porque podría ser interpretado como una proyección del poder político de turno y una situación inadmisible, ya que no es función del CONICET inmiscuirse con hipótesis o conclusiones sobre impacto posible del conocimiento. Si así lo hiciera resultaría en una ofensa a la pluralidad ideológica.
Las advertencias presentes en la nota firmada por el Dr. Siñeriz, podrían interpretarse como un disciplinamiento dirigido a cercenar la diversidad en la discusión de potenciales temas controvertidos. Temas que como señala de Suosa Santos el conocimiento son una tensión entre la elección entre el camino a la emancipación y el orden regulatorio que clausura la diversidad, la solidaridad y el pensamiento critico. Por eso la clausura del debate sobre el rol de la tecnociencia en los modelos de desarrollo y los efectos en su interfase con la sociedad anuncia un conflicto en ciernes que comienza a afectar el ejercicio del pensamiento crítico.
Es contradictorio que desde el oficialismo, el revisionismo histórico critique los estudios historiográficos ligados a investigadores del CONICET por un cientificismo universalista y neutralista que rechaza el encuadre epistemológico impulsado por el flamante Instituto Manuel Dorrego, mientras por otro lado fortalece un cientificismo productivista fundamento del neoliberalismo que legitima el modelo neodesarrollista, extractivista y extranjerizante.
Esta confrontación de relatos que conciernen la colonialidad no son patrimonio del estudio de la historia. También el sentido colonial que quizás con más fuerza se expresa en la tecnociencia, debería ser revisado a la luz de sus efectos sobre el proceso emancipador de los pueblos, en la etapa actual del capitalismo.
Un par de reflexiones adicionales. Es evidente la falta de “indignación” de considerables sectores de la comunidad científica ante una nota que en otro momento sin alineamientos sumisos y acríticos, hubiera suscitado la “ira” de la comunidad científica. Está claro que transitamos  “extraños” y “oportunos” tiempos de silencios cómplices. A pesar del discurso hegemónico es evidente que la ciencia no es sinónimo de conciencia.
Podría pensarse que algunos funcionarios consideran que el 54% de los votos les amplía el derecho a desplegar conductas de autoridad hasta ahora no vistas. Y también preguntarse si desde el ministerio de Ciencia y Técnica -tan adepto a compartir sus exclusivas como extrañas opiniones que nos sorprenden con sus distópicas concepciones sobre modos y sentidos de la ciencia y la tecnología- no se debería pedir la renuncia al funcionario, que al servicio de la uniformidad del pensamiento,  genera dudas acerca de las condiciones en que desarrollaremos nuestra tarea y compromisos sociales en el futuro.   

Andrés Carrasco
Investigador Principal. Profesor UBA
ex Presidente del CONICET.